Con ese Reglamento, no es necesario la autorización judicial para espiar nuestras comunicaciones, lo que supone una vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Enviad vuestra queja al Defensor del Pueblo (detalles en la página enlazada a la Asociación de Internautas).
Hay más información acerca de esta campaña, para que podáis conocer exactamente en qué consiste el problema.
